La Comisión Europea ha planteado este miércoles una propuesta para que grandes operadores ferroviarios, como Renfe o SNCF, integren en sus plataformas digitales los trayectos de compañías competidoras. El objetivo es avanzar hacia un sistema de “billete único” que permita a los viajeros combinar distintos recorridos y operadores dentro de la Unión Europea mediante una sola compra.
Uno de los elementos centrales de esta iniciativa es la obligación de poner a la venta los billetes con un mínimo de cinco meses de antelación, siempre que los servicios estén ya incluidos en los horarios operativos. La medida pretende ofrecer mayor previsibilidad y flexibilidad a quienes organizan sus desplazamientos con tiempo, aunque las empresas podrán seguir ajustando precios o incorporar nuevos servicios posteriormente.
Según explicó el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, esta reforma evitaría que los pasajeros tengan que consultar múltiples páginas web o comparar sistemas desconectados. “No deberían preocuparse por la compatibilidad entre billetes ni navegar entre distintas plataformas”, señaló durante la presentación del paquete de medidas en Bruselas.
La intención del Ejecutivo comunitario es que los usuarios puedan consultar y comparar, desde un único entorno digital, todas las alternativas disponibles —tren, avión o autobús— y adquirir el itinerario completo mediante un solo pago y un único billete.
La propuesta también contempla mejoras en transparencia y derechos de los pasajeros. Bruselas quiere garantizar tarifas más competitivas y justas, además de reforzar la protección del consumidor en casos de retrasos, cancelaciones o pérdida de conexiones dentro de un trayecto contratado bajo ese billete único.
Asimismo, para asegurar una búsqueda neutral, las plataformas deberán organizar los resultados iniciales siguiendo criterios objetivos como el precio, la duración del trayecto, el horario de salida o las emisiones contaminantes del medio de transporte. Aun así, los usuarios podrán personalizar las búsquedas mediante filtros adicionales.
Tzitzikostas defendió que la libre circulación es uno de los grandes logros de la Unión Europea y subrayó la necesidad de simplificar la movilidad. Aunque destacó la extensa red ferroviaria europea, de más de 200.000 kilómetros, reconoció que todavía queda pendiente ofrecer una experiencia de viaje realmente integrada y sencilla.
El comisario admitió que la reforma no será sencilla y que existe cierta resistencia por parte de la industria, especialmente entre los operadores de mayor tamaño. Aun así, se mostró convencido de que las medidas podrían aprobarse antes del final de la actual legislatura europea, e incluso entrar en vigor en un plazo de entre año y medio y dos años. Una vez adoptado el reglamento, las nuevas obligaciones para mostrar todas las ofertas serían exigibles doce meses después.
Los servicios de la Comisión alertan de que, tanto a nivel nacional como europeo, los grandes actores del mercado suelen tener capacidad para imponer condiciones contractuales desfavorables a compañías más pequeñas. En el sector ferroviario, muchas de las principales plataformas de venta pertenecen a grandes operadores, que podrían tener incentivos para reducir la visibilidad de sus competidores.
Bruselas considera además que las plataformas propias de venta de las grandes ferroviarias representan un obstáculo para avanzar hacia un verdadero billete único, ya que reducen el interés por compartir inventario con plataformas independientes y dificultan al viajero encontrar combinaciones óptimas en rutas complejas o transfronterizas.
Por ello, la Comisión propone que los pasajeros puedan adquirir un único título de transporte para viajes ferroviarios operados por varias empresas, gestionado desde una sola plataforma y abonado en una única transacción.
El nuevo marco normativo también obligaría a plataformas de venta y operadores ferroviarios a alcanzar acuerdos de distribución cuando se soliciten, bajo condiciones “justas, razonables y no discriminatorias”. Si no se lograra un pacto en un plazo de ocho meses, el regulador nacional correspondiente tendría capacidad para intervenir y fijar las condiciones del acuerdo en un máximo de seis meses tras recibir la reclamación.