La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha decidido emprender acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de prohibir las viviendas de uso turístico. Según Marian Muro, directora general de la patronal, estas medidas se presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
En la actualidad, la oferta ilegal en Barcelona es mínima. Según los datos de Apartur, en la ciudad hay entre 500 y 600 pisos turísticos ilegales, frente a los 10.000 legales que el Ayuntamiento pretende suprimir.
“Quienes eligen este tipo de alojamiento son, en su mayoría, familias de clase media que no podrían permitirse los precios de los hoteles. Sin los pisos turísticos, muchas de estas familias no podrían viajar”, argumenta Muro, quien añade que esta postura choca con los principios que defiende el Partido Socialista en el ámbito local.
Un modelo regulado desde hace más de una década
Muro recuerda que Barcelona comenzó a regular los pisos turísticos en 2012 y, desde 2014, suspendió la concesión de nuevas licencias. “La ciudad es un referente en la regulación de este sector. Actualmente, cuenta con 10.000 viviendas turísticas legales, gestionadas de forma profesional y con servicios de calidad, un número que no ha crecido desde hace 11 años”, explica. Para la patronal, estas viviendas representan apenas el 1% del total del parque inmobiliario de la ciudad, una cifra que consideran “perfectamente equilibrada” en comparación con otras ciudades del mundo.
Además, Muro destaca que Barcelona es un ejemplo mundial en la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos. “Es uno de los modelos más avanzados en este ámbito”, asegura.
Licencias como parte del patrimonio
La patronal defiende que las 10.000 licencias de viviendas turísticas, otorgadas sin fecha de caducidad, son comparables a las licencias de taxi y forman parte del patrimonio de los propietarios. “Eliminar estas licencias equivale a una expropiación de derechos. El patrimonio de una persona incluye activos como licencias o concesiones, además de propiedades físicas. Hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE que respaldan que las licencias son parte del patrimonio, y su eliminación requiere un proceso de expropiación con la correspondiente indemnización”, argumenta Muro.
Vulneración de la normativa europea
Apartur sostiene que la prohibición de los pisos turísticos contraviene la Directiva de Servicios de la UE, conocida como Directiva Bolkestein. Según Muro, la medida no cumple con tres principios clave: idoneidad (las viviendas no necesariamente pasarán al mercado de alquiler de larga duración), proporcionalidad (existen alternativas menos drásticas) y no discriminación (otros sectores similares no enfrentan restricciones equivalentes). “Estoy convencida de que en Europa se ganará este caso”, sentencia Muro, mostrando confianza en que la justicia europea fallará a favor de los pisos turísticos.
Con esta batalla legal, Apartur busca defender un sector que considera clave para el turismo y la economía de Barcelona, mientras cuestiona una medida que, a su juicio, no solo perjudica a los propietarios, sino también a miles de viajeros que dependen de esta opción de alojamiento.