El Ministerio del Interior ha decidido suspender la tramitación de la orden ministerial que debía desarrollar el controvertido registro de viajeros impulsado por Fernando Grande-Marlaska hasta que finalice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España. La decisión fue trasladada durante una reunión mantenida con representantes de Fetave y UNAV, que valoran el movimiento como un avance, aunque insisten en que todavía queda mucho por corregir.
"La reunión ha sido positiva y apreciamos la disposición al diálogo mostrada por el Ministerio", señaló el presidente de UNAV, César Gutiérrez. No obstante, subrayó que esta pausa debe servir para revisar la aplicación del Real Decreto 933/2021 en el ámbito de las agencias de viajes y eliminar aquellas obligaciones que consideran excesivas, duplicadas o, sencillamente, imposibles de cumplir en la práctica.
Durante el encuentro también se planteó la creación de un grupo de trabajo permanente entre el Ministerio del Interior y el sector de las agencias de viajes. Su finalidad sería analizar las dificultades operativas que plantea la normativa, estudiar posibles ajustes y buscar soluciones compatibles con el marco jurídico europeo.
La decisión de Interior llega después de que la Comisión Europea cuestionara el alcance del registro de viajeros al considerar que las obligaciones impuestas a hoteles, plataformas de alojamiento y empresas de alquiler de vehículos podrían vulnerar la legislación comunitaria en materia de protección de datos. Bruselas pone el foco especialmente en la amplitud de la información exigida, que va más allá de los datos identificativos básicos e incluye información sobre pagos e incluso datos de geolocalización.
Pese al cambio de actitud mostrado por el Ministerio, Fetave y UNAV mantienen su principal reivindicación: que las agencias de viajes queden excluidas de estas obligaciones. Ambas organizaciones sostienen que no pueden equipararse a los proveedores directos de alojamiento o alquiler de vehículos cuando su función se limita a la intermediación y, en muchos casos, ni siquiera disponen de toda la información que la norma les obliga a comunicar.
Asimismo, las patronales reclaman al Gobierno que aclare cuál será su hoja de ruta tras la apertura del expediente europeo y reiteran su disposición a colaborar en una reforma que adapte la normativa a la realidad operativa del sector, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación comunitaria.