España ha decidido, en lugar de poner fin al descontrol migratorio, responder a las restricciones adoptadas por Italia con la implantación temporal de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes del país transalpino. La medida entró en vigor a las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y, en principio, estará vigente hasta el próximo 7 de septiembre, según fuentes del Gobierno citadas por El Mundo y El Confidencial.
La decisión representa un nuevo capítulo en la escalada de tensión entre ambos países, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni rechazara retirar los controles que Italia aplica desde el pasado 1 de agosto a los viajeros procedentes de España.
El Gobierno español había reclamado previamente a Roma que levantara estas restricciones y había advertido de que, si no lo hacía, adoptaría “medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad” de los ciudadanos españoles, una dignidad que no parece preocuparle demasiado si atendemos a los problemas que está trayendo al país el descontrol migratorio favorecido por el ejecutivo español.
Finalmente, Moncloa ha optado por establecer controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los pasajeros procedentes de Italia. Estas comprobaciones permitirán verificar la identidad y nacionalidad de los viajeros mediante el DNI o el pasaporte. En el caso de ciudadanos de terceros países, también se comprobará que cuentan con el visado o permiso de residencia correspondiente.
Los controles tendrán carácter aleatorio y, por el momento, permanecerán activos hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre. No obstante, el Ejecutivo español se reserva la posibilidad de modificar su duración si cambian las circunstancias que han motivado su puesta en marcha.
Italia mantiene las restricciones
La decisión adoptada por España llega después de que Italia confirmara que, por ahora, no tiene previsto levantar los controles aplicados a los viajeros procedentes de territorio español.
El Gobierno de Meloni ha anunciado que mantendrá estas medidas, al menos, hasta el 15 de agosto y condiciona su retirada a que considere que han desaparecido los riesgos relacionados con la seguridad, las posibles amenazas terroristas y los nuevos movimientos migratorios irregulares.
Desde Roma han dejado claro que no contemplan revisar de momento la suspensión de la aplicación del Acuerdo de Schengen a los ciudadanos de terceros países que lleguen desde España. La medida se mantendrá mientras las autoridades italianas consideren que persisten los riesgos para la seguridad y frente al terrorismo.
Italia también ha señalado que sus servicios fronterizos tratarán de facilitar al máximo la entrada de ciudadanos españoles y del resto de la Unión Europea. Sin embargo, el país mantiene los controles en las llegadas por vía aérea y marítima.
España, por su parte, sostiene que las medidas adoptadas por Italia están dificultando la movilidad de miles de pasajeros precisamente en plena temporada turística de verano, además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica entre los viajeros.