La Comisión Europea comunicó el pasado 4 de junio su intención de abrir un procedimiento sancionador contra España al considerar que el denominado registro de viajeros (RD 933/2021) podría incumplir la normativa comunitaria en materia de protección de datos.
La decisión ha sido recibida con satisfacción por buena parte del sector turístico español, que interpreta este movimiento como un respaldo a las críticas que viene realizando desde hace años y que ahora aprovecha para pedir la retirada de la normativa.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), impulsora de la denuncia ante las instituciones europeas, aseguró que la actuación de Bruselas era previsible y sostuvo que el expediente confirma las objeciones planteadas por el sector frente a una regulación que considera inviable en la práctica. La organización recuerda que viene alertando sobre estos problemas desde 2022.
A raíz de esta decisión, CEHAT ha reclamado la derogación inmediata del registro y la puesta en marcha de una mesa de diálogo que reúna a todas las partes implicadas para diseñar una alternativa consensuada. Según su presidente, Jorge Marichal, la intervención de la Comisión Europea debe servir como punto de partida para una reforma profunda que permita avanzar hacia un modelo más eficaz y seguro.
Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) considera que, si Bruselas aprecia posibles incompatibilidades entre la normativa española y la legislación europea de protección de datos, el Ejecutivo debería analizar detenidamente las observaciones realizadas y abordar una revisión integral del sistema.
La organización recuerda que entre las principales críticas al registro figuran el volumen de información exigido, la obligación de conservar los datos durante tres años, la duplicidad de trámites, el incremento de la carga administrativa y los costes asociados, así como los riesgos derivados del tratamiento de información personal. Por ello, CEAV mantiene su petición de que las agencias de viajes queden excluidas de la aplicación de este Real Decreto.