La ciudad de Santiago de Compostela retrasará el cobro de su tasa turística al 1 de octubre, dejando atrás la fecha inicial de agosto, según anunció el viernes la concejala de Turismo, Míriam Louzao. La decisión viene tras reconsiderar las posturas tras una apertura al diálogo expresada el miércoles.
Durante una reunión con quienes gestionarán este impuesto, el sector hostelero expresó su rechazo a empezar en agosto, un mes clave junto a septiembre por el alto volumen de trabajo. Los asistentes destacaron que reservas ya pagadas y plantillas reducidas complicarían cumplir con esta nueva obligación en verano, pidiendo un intervalo entre la publicación de la ordenanza y su aplicación, algo que también reflejaron en las alegaciones al borrador inicial.
El Ayuntamiento incorporará una disposición final en la ordenanza, pendiente de aprobación en el pleno del 31 de julio, para fijar el inicio al 1 de octubre de 2025. Esto hará de Santiago el primer ayuntamiento gallego en implementar esta tasa.
Para Louzao, esta fecha equilibra el compromiso político de aplicar la tasa “lo antes posible” con la necesidad de dar al sector, especialmente a los negocios pequeños, un “plazo razonable” para adaptarse y ajustar sus procesos de cobro. El miércoles, ya había descartado retrasos de más de tres meses o un aplazamiento a 2026 por los mismos motivos.
El texto revisado también responde a otra demanda de las alegaciones: se reemplaza la comisión municipal de asesoramiento y seguimiento por el Foro de Turismo Sostenible. Este nuevo espacio de participación supervisará la aplicación de la tasa sobre el impuesto autonómico de estancias y deberá estar regulado y operativo en un máximo de seis meses tras la entrada en vigor.
El borrador original recibió siete alegaciones (cuatro únicas tras repeticiones), enfocadas en el uso de los fondos, la participación del sector y la gestión del cobro. Sin embargo, muchas no podrán considerarse al estar reguladas por la Ley de medidas fiscales y administrativas de 2024, algo que Louzao lamentó por la falta de debate parlamentario previo y la pasividad inicial del sector.
Dado que la tasa empezará en el último trimestre, los ingresos serán menores a los 2,6 millones de euros estimados para nueve meses. Aun así, Louzao defendió la decisión como “la más acertada”, asegurando que la tasa es un impuesto permanente y que, aunque los ingresos iniciales serán menores, las proyecciones pueden variar y el balance final no se verá afectado.
El PSOE, que había pedido a Raxoi reconsiderar el inicio en agosto y dialogar con el sector, celebró la noticia. Su portavoz, Gumersindo Guinarte, destacó que esta era la postura que venían defendiendo, incluso amenazando con enmendar la propuesta si no se aceptaba el retraso, según un audio enviado a los medios este viernes.