La reciente aprobación del Real Decreto 1312/2024, que introduce una ventanilla digital para registrar los alquileres de corta duración, ha generado preocupación por sus posibles efectos en las zonas rurales. Aunque la norma busca proteger el acceso a la vivienda en áreas urbanas y controlar el impacto del alquiler turístico en las ciudades, su enfoque uniforme, sin diferenciar entre entornos urbanos y rurales, podría tener consecuencias negativas en comunidades donde el turismo es un pilar económico fundamental.
El objetivo principal del decreto es garantizar que el alquiler turístico no agrave la escasez de vivienda en las ciudades, un problema real y urgente. Sin embargo, al no distinguir entre contextos urbanos y rurales, la normativa podría aplicarse de manera indiscriminada a las zonas rurales, donde las dinámicas son completamente distintas. Esto ya está causando inquietud entre pequeños propietarios rurales, para quienes el alquiler turístico es una fuente de ingresos esencial.
Las viviendas de turismo rural (VTAR), como las reguladas por normativa específica en Andalucía y que deben inscribirse en el Registro de Turismo autonómico, no pueden equipararse a los alojamientos turísticos urbanos. Estas viviendas cumplen con estrictos estándares de calidad y seguridad, y son un componente clave del turismo rural, atrayendo a familias y visitantes que valoran el entorno natural y cultural, en áreas donde no existen hoteles u otras opciones de alojamiento.
En el medio rural, las VTAR van más allá de ofrecer un simple lugar para dormir. Son un motor de desarrollo económico y social, que genera ingresos, crea empleos y ayuda a mantener vivos los pueblos. En muchos casos, estas actividades son la única vía para atraer visitantes a zonas sin infraestructura hotelera, contribuyendo a frenar la despoblación y dinamizando la economía local. Por eso, cualquier regulación, como el Registro Digital Único, debe considerar estas particularidades para no poner en riesgo un modelo de vida sostenible, proyectos familiares y pequeñas empresas que sostienen comunidades enteras.
En las zonas rurales, las VTAR son esenciales para combatir la despoblación, revitalizar los municipios y ofrecer oportunidades económicas que permiten a las familias permanecer en sus lugares de origen en lugar de emigrar a las ciudades.
Por ello, es crucial que la normativa sea clara y excluya explícitamente a las viviendas turísticas rurales de la obligación de inscribirse en el nuevo registro estatal. No debe haber espacio para interpretaciones ambiguas cuando está en juego una actividad que impulsa la economía, fomenta la cohesión territorial y da vida a los pueblos.
La legislación debe reconocer las particularidades del medio rural y evitar aplicar soluciones diseñadas para grandes urbes a contextos completamente diferentes. Proteger y promover el turismo rural es fundamental para fortalecer el desarrollo local. Legislar con una perspectiva que respete la diversidad territorial no es solo una cuestión de equidad, sino una necesidad técnica, jurídica y política. Las administraciones deben adoptar un enfoque equilibrado que garantice la competitividad, la calidad y la sostenibilidad del turismo en todas sus formas, reconociendo el esfuerzo de miles de propietarios y gestores que trabajan para mantener vivo el medio rural y asegurar su futuro.