El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que Booking.com, tras recibir un requerimiento oficial, ha retirado 4.093 anuncios de viviendas turísticas que no cumplían con la normativa vigente. Esta acción contrasta con la situación de Airbnb, que se vio obligada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid a eliminar 5.800 anuncios ilegales después de que su recurso fuera desestimado.
El Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, considera esta lucha contra la publicidad ilegal de alojamientos turísticos un paso clave para frenar la proliferación descontrolada de este tipo de viviendas. Bustinduy señaló que este fenómeno contribuye significativamente a las dificultades de acceso a la vivienda en España, especialmente en regiones con alta afluencia turística, como Canarias.
Colaboración de Booking y requerimientos a Airbnb
Consumo destacó la rápida respuesta de Booking, que tras el primer requerimiento eliminó los anuncios que no se ajustaban a la legalidad, garantizando así mayor seguridad para los usuarios. Por su parte, Airbnb enfrentó una situación diferente: el TSJ de Madrid respaldó por segunda vez la exigencia de Consumo de retirar más de 65.000 anuncios ilegales. Este total incluye los 5.800 anuncios del primer requerimiento y más de 60.000 identificados en dos requerimientos posteriores, todos considerados ilícitos por la Unidad de Análisis de Consumo.
Principales infracciones detectadas
Los anuncios eliminados por Booking y los denunciados en Airbnb presentan alguna de las siguientes irregularidades:
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Falta de número de licencia o registro: Este es un requisito obligatorio en varias normativas autonómicas y constituye la infracción más habitual detectada.
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Números de licencia falsos o incorrectos: Algunos anuncios incluyen registros que no corresponden a los emitidos por las autoridades, lo que puede engañar a los consumidores.
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Falta de claridad sobre la naturaleza del arrendador: No se especifica si el propietario es un profesional o un particular, un detalle crucial para determinar si el usuario está protegido como consumidor.
Estas medidas reflejan el compromiso del Ministerio de Consumo por regular el sector de los alojamientos turísticos y garantizar que las plataformas operen con transparencia y cumplan con la normativa, protegiendo tanto a los usuarios como a las comunidades afectadas por el impacto de estas viviendas.