Se exige a los viajeros que entreguen sus contraseñas a los agentes, con la advertencia de que negarse puede conllevar multas elevadas e incluso penas de cárcel. La invasión de la privacidad sigue avanzando.
Desde el 23 de marzo está en vigor una modificación de la Ley de Seguridad Nacional que establece que rechazar proporcionar la contraseña o impedir el acceso a teléfonos móviles, ordenadores portátiles o tabletas a los funcionarios de aduanas constituye un delito.
La negativa a facilitar la clave puede ser sancionada con multas de hasta 100.000 dólares hongkoneses (unos 10.930 euros) y hasta un año de prisión. En el caso de aportar información incorrecta, las sanciones pueden alcanzar los 500.000 dólares hongkoneses (unos 54.650 euros) y hasta tres años de cárcel.
Esta normativa afecta tanto a residentes como a turistas y pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, sin importar su nacionalidad.
Además, las autoridades cuentan ahora con mayores competencias para confiscar y retener cualquier dispositivo electrónico personal que consideren relacionado con posibles delitos contra la seguridad nacional.
Este endurecimiento de las normas llega en un momento clave para la industria turística de la Región Administrativa Especial, según el último informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
El organismo estima que las llegadas de turistas internacionales en 2025 alcanzaron los 50,3 millones, lo que supone un descenso del 22,9% respecto al máximo de 65,3 millones registrado en 2018. Además, el gasto de los viajeros de negocios se mantiene un 16,8% por debajo de los niveles de ese mismo año.
El 76% de los visitantes internacionales que llegaron a Hong Kong en 2025 procedía de China continental, mientras que solo el 24% llegó desde otros mercados internacionales.