A pocos días de que entre en vigor el Registro Único de Alquiler de viviendas turísticas en España, previsto para el 1 de julio, la Junta de Andalucía advierte que esta medida generará “inseguridad, confusión y caos”. En una entrevista, Arturo Bernal, consejero de Turismo de Andalucía, critica duramente al Gobierno central por impulsar un Real Decreto sin consultar a las comunidades autónomas y desoyendo las recomendaciones del Consejo de Estado. Según Bernal, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha creado una herramienta poco práctica, sin capacidad sancionadora ni utilidad real para combatir la oferta ilegal. Además, cuestiona la postura del Ministerio de Industria y Turismo, que parece ausente en este debate.
Situación actual y recursos autonómicos
—¿Cuál es el panorama actual respecto al Registro Único de Alquiler, que comienza el 1 de julio, considerando los recursos presentados por Andalucía, la Generalitat Valenciana, Canarias y Murcia?
Bernal responde que el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y con la pasividad del Ministerio de Turismo, actúa de manera irresponsable y con fines puramente políticos, ignorando las propuestas constructivas de las comunidades autónomas, las advertencias legales del Consejo de Estado y las necesidades de los ciudadanos y propietarios de viviendas turísticas, que en su mayoría son pequeños ahorradores. Esto solo crea inseguridad jurídica, administrativa y patrimonial, además de una norma que no funciona en la práctica.
Consecuencias de no registrarse
—¿Qué ocurrirá si un propietario no inscribe su vivienda en el Registro de la Propiedad a partir del 1 de julio?
No habrá consecuencias reales, porque el Real Decreto 1312 no incluye un régimen de inspección ni sanciones. Es una norma incompleta que necesita correcciones urgentes para ser efectiva. Sin un sistema sancionador claro, no se podrá combatir la ilegalidad. Lo único seguro es que, a partir del 1 de julio, habrá más confusión e inseguridad, explica Bernal. Según él, el Gobierno ha diseñado esta medida como un “montaje jurídico” para generar titulares vacíos, dando la impresión de que lucha contra la clandestinidad, cuando en realidad no lo hace.
Fracaso en el diálogo con las comunidades autónomas
—¿No lograron Andalucía y otras regiones convencer al Ministerio de Vivienda para reformular el Real Decreto?
Se ha intentado dialogar en varias reuniones, pero fueron encuentros vacíos. El Ministerio se limitó a explicar una plataforma que no funciona y que no resuelve el problema principal: identificar y eliminar las viviendas ilegales. Se presentaron propuestas prácticas, pero no fueron tomadas en cuenta, lamenta Bernal.
Fallos en la aplicación del Reglamento Europeo
—¿Qué ha fallado en la implementación del Reglamento Europeo 1028/2024?
Desde el principio, se han apoyado los objetivos del Reglamento Europeo, que busca mejorar la recopilación e intercambio de datos sobre alquileres turísticos de corta duración. Sin embargo, la ejecución en España a través de este Real Decreto es errónea. Primero, se impuso sin diálogo con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en este ámbito. Segundo, el Gobierno no ha considerado a las regiones como aliados para regular este sector, señala Bernal.
El Consejo de Estado criticó duramente el Real Decreto por generar inseguridad jurídica, duplicar trámites y aumentar los costes tanto para propietarios como para gestores profesionales que ya cumplen con las normativas autonómicas. Cuando alguien consulta al Gobierno a través de su web, la respuesta es: ‘Pregunte a su comunidad autónoma’. Es una tomadura de pelo, añade.
¿Será operativo el Real Decreto el 1 de julio?
Se ha solicitado su suspensión cautelar y una conferencia sectorial urgente para abordar el problema antes de que entre en vigor. Se propone suspender el Real Decreto y trabajar juntos en una norma que sea práctica, legal y efectiva, que facilite el intercambio de datos para combatir la ilegalidad, insiste Bernal.
El consejero explica que las plataformas online han pedido un registro nacional único para simplificar la identificación de viviendas legales y eliminar las ilegales, en lugar de lidiar con 17 registros autonómicos. El Gobierno debería haber integrado los registros existentes de las comunidades, añadiendo un identificador nacional. En cambio, ha creado un sistema que duplica trámites, involucra a los registradores de la propiedad y aumenta los costes, generando una enorme incertidumbre.
¿Responde el Real Decreto a presiones sociales?
El Registro Único debería ser una herramienta para combatir las viviendas ilegales en las plataformas online, pero no hay que demonizar las viviendas turísticas legales, que son una opción de alojamiento válida y regulada. Cada ayuntamiento tiene la potestad de regular los usos del suelo. Además, tras dos años de legislatura, el ministro de Industria y Turismo no haya expresado una postura clara. El turismo, la principal industria de España, no tiene voz en el Consejo de Ministros, critica Bernal.
La regulación del turismo en Andalucía
—¿Cómo ha abordado Andalucía la regulación de las viviendas turísticas?
Andalucía reconoce la importancia del turismo como motor económico. Se han regulado las viviendas turísticas sin demonizarlas. En febrero de 2024 se aprobó un decreto con el consenso de hoteleros, gestores, plataformas y administradores de fincas. También se han firmado convenios con municipios para agilizar el intercambio de información, y muchas ciudades importantes ya se han sumado. Además, un decreto de medidas urgentes en vivienda incluye disposiciones específicas para este sector. Por último, se está tramitando la nueva Ley de Turismo Sostenible, que reconoce las viviendas turísticas como alojamiento legal y endurece las sanciones contra la ilegalidad. Gracias a estas medidas, en menos de un año y medio se han eliminado más de 8.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía, concluye Bernal.