El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha fallado a favor de Josefa Sarmiento, una vecina de Playa del Inglés, al reconocer su derecho a utilizar su apartamento como vivienda habitual sin la obligación de destinarlo al uso turístico. La sentencia anula una multa de 2.250 euros impuesta por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que alegaba que el Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana/Maspalomas prohibía el uso residencial en la zona turística costera.
La decisión judicial se basa en un informe pericial del redactor del PGO, que confirma que no existe una prohibición explícita del uso residencial. La jueza Sagrario Tovar de la Fe destacó que el complejo donde se encuentra el apartamento de Sarmiento no tiene actividad turística activa y, por su antigüedad, siempre ha permitido tanto el uso residencial como el turístico. Además, subrayó que la ley de renovación y modernización turística de 2013, que exige la especialización de usos, no se ha incorporado al planeamiento municipal vigente desde 1997.
Josefa, de 70 años, explicó que el proceso ha sido largo y emocionalmente agotador desde que recibió la sanción hace dos años. El apartamento, propiedad de su familia desde hace más de 50 años, fue comprado por su padre antes de que existiera el PGO. Durante este tiempo, Josefa se unió a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), donde encontró apoyo entre otras personas mayores en circunstancias similares, muchas de las cuales dependen de sus propiedades como residencia principal.
El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, reconoció que el procedimiento sancionador contra Josefa y más de 30 casos similares fue suspendido en 2024 a la espera de esta resolución. Aunque señaló que la sentencia destaca la importancia de especializar los usos del suelo, admitió que estas medidas deben estar reflejadas en el planeamiento urbanístico y no solo en registros administrativos.
Maribé Doreste, presidenta de la PALT, celebró el fallo, destacando que la jueza ha confirmado que el uso residencial no está prohibido y que la ley de 2013 no puede aplicarse de forma retroactiva. Mientras Josefa espera la devolución de la multa con intereses, sigue preocupada por el futuro, y es que mientras esa ley esté en vigor, el derecho de muchos propietarios a usar sus viviendas está en riesgo.