Ana Barluenga, directora del área Jurídica de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), ha expresado su frustración por la complicada aplicación del Real Decreto 933/2021, señalando cuatro razones principales que lo dificultan, agravadas por la falta de sintonía con el Gobierno, que ha ignorado sus demandas.
Barluenga identifica los siguientes obstáculos para el registro de viajeros:
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La enorme carga de trabajo que implica, especialmente para las microempresas y pymes, que forman la mayor parte del sector de agencias en España.
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Los errores persistentes que aún afectan a la plataforma utilizada.
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La demora del Ministerio del Interior en responder a las consultas sobre la interpretación de la norma y en resolver los problemas técnicos señalados por las agencias.
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La resistencia de algunos clientes, sobre todo turoperadores extranjeros, a proporcionar los datos requeridos, argumentando que vulneran su privacidad y los derechos de protección de datos.
Hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha atendido la solicitud de las agencias para quedar fuera del alcance del Real Decreto 933/2021, y Barluenga ve poco probable que se produzca un cambio, y salvo que la Orden Ministerial excluya a las agencias y operadores turísticos, consideran recurrir judicialmente una vez se publique.
Barluenga subraya que han presentado numerosas quejas pidiendo su exclusión, argumentando que el Real Decreto infringe el principio de jerarquía normativa. Según ella, el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, de donde deriva esta norma, no menciona a intermediarios, agencias de viajes ni operadores turísticos como sujetos obligados a registrar datos.
Por el momento, CEAV no tiene registro de sanciones impuestas a agencias por no cumplir con esta medida.