Joaquim Álvarez, un vecino de Reus (Tarragona), enfrenta una situación indignante: Hacienda le ha impuesto una multa de 5.000 euros porque los okupas que ocupan su vivienda decidieron alquilarla ilegalmente como piso turístico. Aunque la actividad irregular debe ser sancionada, Álvarez, propietario del inmueble, cree que el castigo debería recaer en los verdaderos responsables.
Todo comenzó en 2019, cuando Álvarez puso su casa en alquiler para cubrir las cuotas de la hipoteca, ya que los ingresos familiares eran insuficientes. Él y su familia se mudaron a una masía, y rápidamente encontraron inquilinos. Durante el primer año, todo fue bien, pero en 2020 los pagos empezaron a retrasarse, y en 2021 los inquilinos dejaron de pagar por completo.
Llegado 2022, al vencer el contrato de tres años, Álvarez decidió no renovarlo, pero los inquilinos se negaron a abandonar la vivienda. Según elEconomista, a junio de 2025, la pareja sigue ocupando la casa y ha sido declarada en situación de vulnerabilidad por el Ayuntamiento, lo que complica aún más su desalojo.
El problema escaló cuando los okupas comenzaron a ofrecer la vivienda como un alojamiento turístico en plataformas digitales, promocionándola como una suite privada por 56 euros la noche, sin contar con la licencia necesaria. Al detectar esta actividad ilegal, Hacienda intervino, pero en lugar de sancionar a los inquilinos, impuso una multa de 5.000 euros al propietario. Como consecuencia, a Álvarez le están embargando 500 euros mensuales de su salario.