El Parlamento de Canarias dio luz verde este miércoles a la normativa que pone coto al alquiler turístico en las islas. La idea es parar el crecimiento desbocado de estas viviendas, evitar que los barrios se conviertan en algo exclusivo para ricos y garantizar que los canarios puedan seguir viviendo donde siempre. La ley salió adelante con los votos de Coalición Canaria, PP, AHI y ASG, pero sin el PSOE, Nueva Canarias ni Vox, que la ven ideológica y poco dialogada.
Lo que dice la norma, a grandes rasgos
- Usar una casa para turistas ya no es “residencial”, es un negocio puro y duro. Solo se podrá hacer donde el planeamiento urbanístico del ayuntamiento lo permita.
- Los consistorios decidirán zona por zona, mirando sostenibilidad, equilibrio territorial y hasta dónde aguanta cada sitio.
- Como mínimo, el 80 % del suelo residencial tiene que ser para vivienda habitual; en zonas turísticas o muy presionadas sube al 90 %. En La Palma, La Gomera y El Hierro los ayuntamientos podrán bajar ese porcentaje si hace falta para mover la economía local.
- Prohibido total en VPO, suelo rústico o espacios naturales protegidos (salvo informe ambiental que lo justifique).
- Las viviendas nuevas no podrán destinarse directamente al turismo; habrá que esperar un tiempo mínimo.
- En mercados tensionados (donde el alquiler está por las nubes) se para la máquina de nuevas licencias. De momento no hay ninguna zona declarada así por el Gobierno, aunque Las Palmas de Gran Canaria y otros ayuntamientos lo han pedido a gritos.
Los que ya tienen su vivienda vacacional registrada no pierden nada. Pero de ahora en adelante, si el ayuntamiento no lo contempla en su plan, no hay nueva inscripción que valga.
Cómo lo vieron en el hemiciclo Jessica de León, consejera de Turismo (PP), admitió que ha sido “un parto difícil”: enmiendas a contrarreloj, explicaciones complicadas… Pero insiste en que la ley defiende el interés general frente al “todos a por todas”.
Desde la oposición llovieron críticas. Gustavo Santana (PSOE) echó en cara que no se pararan las licencias mientras se tramitaba: en 20 meses entraron 32.000 viviendas más. También que no haya tope por propietario, algo que, dice, beneficia a los fondos buitres. Esther González (NC) fue más dura: “Se legisla para los de siempre y se castiga al que alquila su piso para llegar a fin de mes”. Hasta Vox pidió tirar el texto entero porque “no arregla nada y lo empeora todo”, sobre todo para los pequeños y sin tocar el tema okupa.
La calle también habla La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) está que trina: miles de propietarios fuera del mercado y el sector “prácticamente erradicado”. El Gobierno responde que no prohíbe, ordena, y deja la decisión final a los ayuntamientos.
Jorge Marichal, presidente de Ashotel, lo tiene clarísimo: “Regular no es prohibir, es poner límites para que vivir aquí no sea un lujo”. Y remata:
“Mientras algunos lloran por las familias que supuestamente se arruinan, se olvidan de las muchísimas más que no encuentran ni un techo porque los precios están disparados. Esta ley no acaba con la vivienda vacacional; acaba con el abuso, la especulación y la cara dura que se disfraza de emprendimiento. Porque si seguimos confundiendo negocio con derecho, un día los canarios solo podremos disfrutar de nuestra tierra… de visita”.
En las islas se respira alivio por un lado y cabreo por otro. Lo que nadie discute es que el modelo anterior se había ido de las manos y algo había que hacer. Queda por ver cómo lo aplican los ayuntamientos y si, al final, los canarios recuperan barrio o solo cambian unas siglas por otras. Por ahora, la ley está encima de la mesa y el reloj corre.