El Congreso ha dado luz verde al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una normativa diseñada para reducir las emisiones del transporte y reconocer la movilidad como un derecho fundamental para los ciudadanos. Esta ley responde a un compromiso clave con la Comisión Europea, que permitió a España acceder a unos 10.000 millones de euros en fondos europeos.
La nueva ley exige a empresas con más de 200 empleados que implementen planes de movilidad sostenible, promueve la disminución de vuelos cortos, el retorno de trenes nocturnos, la reorganización de rutas de autobuses interurbanos y un sistema de financiación estable para el transporte público en ciudades. Además, pide a la Dirección General de Tráfico (DGT) que actualice sus etiquetas ambientales, incluyendo las emisiones de CO₂ como criterio, y fomenta la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La ley busca reducir los vuelos domésticos en trayectos donde exista una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, salvo en rutas conectadas con aeropuertos internacionales. También apuesta por revitalizar los trenes nocturnos que unen Europa, con un estudio en marcha para evaluar la viabilidad de nuevas conexiones ferroviarias con países vecinos.
Entre las novedades, se propone revisar las etiquetas de la DGT para incluir las emisiones de dióxido de carbono como factor de clasificación. Para los autobuses, se plantea bajar las tarifas un 20% y mejorar los tiempos de viaje entre regiones, asegurando que se mantengan todas las paradas del mapa concesional en áreas sin otras opciones de transporte público.
Las gasolineras, por su parte, deberán contar con al menos un punto de recarga por instalación, ofreciendo una potencia mínima de 400 kilovatios (kW), con un punto individual de al menos 150 kW.
La ley amplía la obligación de crear planes de movilidad sostenible a más empresas, tanto públicas como privadas. Antes, solo estaban obligadas aquellas con 500 empleados o 250 por turno; ahora, el umbral baja a 200 trabajadores o 100 por turno.
Estos planes fomentarán la movilidad activa, promoviendo el uso de bicicletas, transporte público, caminar, vehículos eléctricos y opciones de transporte compartido, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de los desplazamientos laborales.