El sector de las agencias de viajes está al borde del colapso por la inacción del Ministerio de Interior en resolver el lío del registro de viajeros. CEAV no oculta su frustración: más de un año después de que entrara en vigor esta norma, el Gobierno sigue sin publicar la orden ministerial que prometió para aliviar el peso de esta obligación.
Carlos Garrido, presidente de la confederación, asegura que "se buscan reuniones constantes" para avanzar en un asunto que genera un "malestar enorme entre clientes y agencias". Añade que, por lo que sabe, aún no hay sanciones, pero critica los "fallos técnicos constantes en las plataformas" y que los clientes de turoperadores, sobre todo extranjeros, "se niegan rotundamente a dar datos".
Mercedes Tejero, gerente de CEAV, urge al Ministerio a publicar cuanto antes esa Orden Ministerial, que en teoría iba a excluir al sector MICE y a los organizadores de viajes en grupo. "Una vez se publique, la analizaremos y buscaremos otras opciones o tomaremos las acciones legales que consideremos. Sobre ella podremos actuar e intentar trasladar los perjuicios que tiene", explica Tejero.
Pero lo que realmente piden los intermediarios va más allá: eximir por completo a las agencias de esta normativa, que ven como "de imposible cumplimiento". "No mejora nada el que se nos haya incluido. Incluso puede perjudicar por la duplicidad o triplicidad de datos. No podemos saturar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", recalca José Manuel Lastra, vicepresidente de CEAV.
El controvertido Real Decreto 933/2021, en vigor desde el 2 de diciembre tras varias prórrogas, obliga a alojamientos turísticos y agencias a recopilar y guardar hasta 42 datos personales y bancarios de los clientes. Unos requisitos que han desatado un auténtico desbarajuste administrativo en las empresas.