El Tribunal Supremo ha decidido pronunciarse sobre si los dueños de apartamentos y bungalós en Canarias pueden ofrecerlos como viviendas vacacionales por su cuenta, sin depender de un gestor turístico. La Sala Tercera ha admitido el recurso de un propietario del complejo Maspalomas Tisalaya, que sostiene que su comunidad no tiene explotador y que la ley actual le impide ejercer la actividad de forma independiente. La sentencia podría crear jurisprudencia.
El conflicto comenzó con un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2025, que prohibió al dueño seguir alquilando su bungaló. El tribunal regional aplicó el “principio de unidad de explotación”, que obliga a que todo el complejo sea gestionado por un único operador, una norma de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias pensada para profesionalizar el sector y garantizar calidad al cliente.
El propietario, sin embargo, defiende que esta regla vulnera la libre prestación de servicios y no tiene base para prohibir el alquiler individual. En su recurso, alerta de que miles de dueños en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife podrían verse afectados si sus complejos tienen un explotador, impidiéndoles gestionar directamente sus propiedades.
El Supremo ha aceptado el caso al considerar que plantea una cuestión de interés general para unificar doctrina. Deberá aclarar si el principio de unidad de explotación es una restricción justificada por el interés público o si, por el contrario, limita ilegalmente la libertad de empresa y la competencia, según la normativa española y europea sobre servicios.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que apoya al recurrente, celebra la admisión como un “éxito judicial” que cuestiona por primera vez un modelo que, según ellos, “ha sido un pretexto para perseguir a propietarios legítimos”. En palabras a elDiario.es, afirman que los complejos de apartamentos no son hoteles y que forzar su gestión conjunta atenta contra el derecho de propiedad y la libertad empresarial.
Desde la PALT confían en que el fallo del Supremo cambie las reglas del juego en el turismo extrahotelero canario. “El principio de unidad de explotación, usado durante años para bloquear a los dueños, tiene los días contados,” aseguran. La decisión podría redefinir cómo se regulan las viviendas vacacionales en las zonas turísticas del archipiélago.