Hace más de un año, tras la devastadora DANA que afectó duramente a Valencia, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña prometió tomar medidas para mitigar los peligros en campings ubicados en áreas propensas a inundaciones, sin descartar cierres. Ahora, un nuevo decreto ley, pendiente de aprobación en el Parlamento el próximo mes, pone el foco en soluciones correctivas más que en prohibiciones.
El Govern ha diseñado un proyecto que incluye herramientas para evaluar la seguridad de los campings cerca de ríos u otras zonas inundables, asegurando la protección de las personas. A pesar de las preocupaciones iniciales del sector, la norma prioriza ajustes específicos “caso por caso” en lugar de cierres masivos. El decreto no pretende cerrar campings, según Núria Parlon, consejera de Interior, destacando que se trata de “un texto consensuado.” Miquel Gotanegra, presidente de la Federación Catalana de Campings, coincidió en que la colaboración entre el sector público y privado, junto con el uso de tecnología y el apoyo del Gobierno, permitirá una gestión de seguridad más efectiva.
El decreto establece la creación de tres entidades para analizar los riesgos de inundación y proponer medidas:
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La Comisión Técnica de Campings, encargada de liderar y ejecutar las evaluaciones.
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La Comisión de Gobierno de Campings, responsable de tomar decisiones finales.
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El Consell Assessor y de Participación, que servirá como espacio de asesoramiento y diálogo entre administraciones locales, representantes del sector y expertos independientes.
Además, el Servicio Meteorológico de Catalunya instalará tres radares en la zona pirenaica para mejorar las previsiones del tiempo. Con una inversión de 6 millones de euros, estos equipos se ubicarán en La Peülla, el Pic del Orri y la Tosa d'Alp, tras estudiar más de 40 ubicaciones y elegir estas por su visibilidad, accesibilidad y cercanía a telecomunicaciones.