El Gobierno de Cantabria ha sacado adelante un decreto para ordenar el sector de las viviendas de uso turístico y frenar la actividad ilegal de muchos pisos en la región. La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entrará en vigor el sábado 26 de julio.
El Decreto 50/2025, que incluye 11 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria, dos disposiciones finales y cinco anexos, será obligatorio tanto para las viviendas ya registradas como para las que soliciten su inclusión. La disposición transitoria da un margen de 8 meses para adaptarse a las nuevas reglas.
El texto amplía la definición de propietarios, abarcando no solo a personas físicas, sino también a entidades jurídicas y quienes tengan un derecho de uso sobre las propiedades.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, destacó que este decreto es fruto de un trabajo conjunto con todos los actores del sector, destacando que han intentado recoger al máximo sus sugerencias y tener en cuenta las competencias de cada administración.
Una de las novedades es que respeta la autonomía municipal en temas urbanísticos, dejando a los ayuntamientos la libertad de establecer límites al número de viviendas turísticas por edificio, zona o sector, y de adoptar otras medidas a través de sus planes urbanísticos.
Requisitos principales
Entre las exigencias del decreto se incluyen:
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Certificado de compatibilidad urbanística, expedido por el ayuntamiento.
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Aprobación de la comunidad de propietarios (salvo excepciones legales previas al 3 de abril de 2025).
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Certificado municipal de convivencia, en casos de alquiler compartido.
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Equipos de seguridad obligatorios: detector de humo, sistema de control de ruido y botiquín.
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Horario oficial de ocupación: de 15:00 del día de llegada a 11:00 del día de salida (aunque se puede acordar otro horario entre las partes).
Martínez Abad destacó que sin el certificado de compatibilidad urbanística, no se podrá operar como vivienda turística.
Cantabria cuenta actualmente con 6.475 viviendas turísticas registradas, incluyendo las en proceso de verificación. Para garantizar el cumplimiento, el Gobierno aumentará su equipo de inspectores de 6 a 11, con un técnico especializado. Quienes sigan operando sin la documentación requerida serán clausurados, y las multas podrán alcanzar entre 15.000 y 75.000 euros.
El próximo 4 de agosto, Martínez Abad se reunirá con los alcaldes de la región para explicar el decreto, aclarar dudas y coordinar su aplicación a nivel local.