La Comisión Europea está ultimando su primera estrategia para enfrentar la crisis de la vivienda, con un enfoque clave en controlar los alquileres turísticos en toda la Unión Europea. El objetivo es poner freno al impacto de plataformas como Airbnb, que están alterando los mercados locales y desplazando a los residentes de los cascos urbanos.
El proyecto, que verá la luz en diciembre, pretende unificar las leyes nacionales y crear un marco común para regular estos alquileres. Entre las propuestas destaca la implantación de un registro obligatorio para todas las propiedades destinadas a estancias cortas, siguiendo el ejemplo de España, donde este sistema entró en vigor en julio de 2025. Este registro centralizará los datos y facilitará a las autoridades su supervisión y control.
Además, se exigirá a las plataformas de alquiler que compartan información con los gobiernos locales, lo que permitirá un seguimiento más estrecho de estas actividades y garantizará el cumplimiento de las nuevas reglas.
El tema se debate bajo la iniciativa del presidente António Costa. Aunque la vivienda es competencia de los países miembros, la presión social y los precios disparados han llevado a la Comisión a intervenir como apoyo.
Según El País, ciudades como París y Berlín cuestionan la autoridad de Bruselas para legislar en este ámbito, viéndolo como un asunto doméstico. Sin embargo, el Ejecutivo europeo defiende que puede ofrecer herramientas útiles a las administraciones locales y nacionales para gestionar mejor la situación.
Junto a la regulación de alquileres turísticos, el plan incluye aumentar las ayudas públicas y lanzar iniciativas con el Banco Europeo de Inversión para impulsar la construcción de viviendas asequibles y públicas. Estas medidas formarán parte de la agenda de la Comisión para 2026.